Normas de Protección al Inversor y Antilavado con Prevención del Terrorismo.

Protección de datos personales

Nuevo Chaco Fondos S.A. cumple con los requisitos que exige la Ley Nro. 25.326 de Protección de Datos Personales, difundida por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, asumiendo el caracter de Responsable Registrado.

Dicha ley regula cuestiones propias de la protección de los datos asentados en archivos, registros, bases de datos u otros medios técnicos de tratamiento de los mismos.

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nro. 25.326.

La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley Nro. 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. Resolución 10/08 DNPDP.

Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Es política de Nuevo Chaco Fondos S.A establecer los mecanismos de control más adecuados para el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

La política adoptada se plasma en el establecimiento de una estructura funcional de control, sistemas y procedimientos aplicados a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo que deben cumplir todos los funcionarios y empleados de esta sociedad sin excepción.

Las políticas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se actualizan periódicamente para asegurar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las instituciones de contralor y las medidas y procedimientos de control implementados.

Marco Normativo:

Ley 25.246 de “Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Unidad de Información Financiera (UIF). Deber de informar. Sujetos obligados a informar y Régimen Penal Administrativo”, publicada en el Boletín Oficial el 11/05/00 y Ley 26.683 publicada en el Boletín Oficial el 21/06/11, modificatoria de la primera.

Ley 26.268 "Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del Terrorismo", publicada en el Boletín Oficial el 05/07/07 y la Ley 26.734, publicada en el Boletín Oficial el 28/12/11, modificatoria de la anterior.

Capítulo XXII “Normas Complementarias en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (en adelante la CNV), Resolución General Nro. 368/2001, sus modificatorias y complementarias.

Resoluciones de la Unidad de Información Financiera:
Resolución 229/2011 "Mercado de Capitales, Artículo 20, Incisos 4 y 5 de la Ley 25.246 y modificatorias".
Resolución 11/2011 "Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" y sus modificatorias.
Resolución 28/2012 “Modalidad y oportunidad del cumplimiento de la obligación de reportar los "hechos" u "operaciones sospechosos" de financiación del terrorismo para todos los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal de la Nación. Cooperación internacional. Auxilio de las Fuerzas de Seguridad. Modificación de la Resolución UIF Nº 125/09”.

En todos los casos deberán observarse también las modificaciones que afecten las disposiciones antes indicadas.

Personas expuestas políticamente

Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:

Nómina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera en la Resolución 11/2011 y su modificatoria, Resolución 52/2012

a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:

1 - Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;

2 - Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;

3 - Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;

4 - Embajadores y cónsules.

5 - Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);

6 - Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;

7 - Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;

b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.

c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:

1 - El Presidente y Vicepresidente de la Nación;

2 - Los Senadores y Diputados de la Nación;

3 - Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;

4 - Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;

5 - El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;

6- El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;

7- Los interventores federales;

8- El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;

9- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;

10- Los Embajadores y Cónsules;

11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;

12- Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;

13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;

14- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;

15- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional;

16- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;

17- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;

18- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;

19- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;

20- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.

d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:

1- Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

2- Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

3- Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4- Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

5- Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;

6- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

7- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican".

Información general

Se hace saber al público inversor, que ciertas compañías locales y extranjeras ofrecen servicios en diversos medios de comunicación, sobre productos como bonos, acciones, contratos de futuros y opciones, fideicomisos, fondos de inversión, sin contar con la autorización correspondiente de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Los ofrecimientos realizados a inversores locales desde el extranjero que permitan operar a través de plataformas informáticas o páginas de Internet, representan un alto riesgo para el público inversor. Por ello, se advierte sobre los elevados riesgos de pérdida de capital que potencialmente podría acarrear efectuar inversiones a través de entidades no autorizadas, y las consecuencias que puede traer aparejada la infracción a la Ley N° 17.811 de Oferta Pública. Si desea conocer la lista de SOCIEDADES GERENTES, de SOCIEDADES DEPOSITARIAS y de AGENTES COLOCADORES de FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN registrados en la Comisión Nacional de Valores, ingrese en www.cnv.gov.ar.